El escándalo del inicio del milenio


En 2001 EL UNIVERSAL dio a conocer el inicio de la investigación que  involucró a funcionarios de Pemex y a  políticos del PRI

Gerardo Meza Hernández

Era el año 2000, comenzaba un nuevo siglo en la historia de la humanidad y para México la democratización del sistema político. Vicente Fox Quesada fue electo presidente de los Estados Unidos Mexicanos, hecho que conllevó toda una serie de cambios en la vida política, económica y social del país.

Fox denunció, desde su primer año de gobierno, el mayor escándalo de corrupción del sexenio: el Pemexgate. El 10 de septiembre de 2001, EL UNIVERSAL dio a conocer el comienzo de una investigación que duró cinco años e involucró a varios funcionarios de la paraestatal petrolera y a priístas.

La  extinta Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Sedacom), actual Secretaría de la Función Pública,  comenzó una investigación a Rogelio Montemayor Seguy, entonces director general de Pemex, y a Carlos Romero Deschamps, líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), por el desvío de más de mil millones de pesos del presupuesto de la paraestatal, en beneficio del PRI.

Los líderes sindicales a su vez destinaron estos recursos a seis entidades de la república con fuerte oposición política, para apoyar la campaña presidencial del entonces candidato del PRI, Francisco Labastida Ochoa.

De acuerdo con información de la Procuraduría General de la República (PGR), Rogelio Montemayor expidió un cheque a Ricardo Aldana Prieto, tesorero del STPRM, por 640 millones de pesos, que el 8 de junio del  2000 recibió y depositó, a su vez, en una sucursal de Banorte. El tesorero del sindicato, aparentemente autorizó la firma de seis personas relacionadas con la campaña presidencial de Labastida para retirar dicha cantidad, pero  sólo obtuvieron 500 mdp. Estas personas fueron: Elpidio López López, Gerardo Trejo Mejía, Joel Ordiales Pacheco, Alonzo Veraza, Melitón Cázares y Andrés Heredia Jiménez; los tres últimos fueron testigos protegidos de la PGR.

La procuraduría inició una nueva investigación para descubrir el destino de los 140 mdp restantes, pero el 11 de diciembre de 2001, un dictamen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público precisó que Aldana Prieto retiró una cantidad igual.

El 19 de octubre de 2000, el Comité Ejecutivo Nacional del STPRM recibió el cheque con número 15185, por 460 mdp, con lo que se completó la cantidad de mil 100 millones de pesos, como recursos desviados.

Sorteos y simpatizantes falsos

Declaraciones de Melitón Cázares, Alonso Veraza López y Andrés Heredia Jiménez, en poder de EL UNIVERSAL, revelaron que, Jorge Cárdenas y Guillermo Ruiz de Teresa crearon Nuevo Impulso, y Emilio Gamboa Patrón, Impulso Democrático, asociaciones civiles que recibieron los recursos del sindicato petrolero.

Estas dos asociaciones fueron creadas por los priístas en 1999 para “contribuir al desarrollo democrático de México”.

El dinero, en efectivo, era transportado de las oficinas de las asociaciones a las del PRI.

El origen del dinero se ocultaba con sorteos falsos y aportaciones de simpatizantes que no existían. “Por órdenes del ingeniero Bretón [Figueroa] se sacaba el dinero de las cajas fuertes del edificio tres del CEN del PRI, el cual me ordenaban se depositara a un banco, entonces aparecían como si fueran hechos por terceras personas”, explicó Cázares. “Los nombres de estas personas habían sido previamente seleccionados. De esta forma se justificaban los ingresos a las cuentas del PRI”.

Otra opción eran los sorteos falsos. Este proyecto arrancó en junio de 2000. “Se llamaba Milenio Millonario y era un sorteo que supuestamente lo organizaba el PRI, con 2 mil boletos, cada uno con valor de mil pesos”, dijo Cázares. Los boletos nunca fueron vendidos al público, por lo que Alonso Veraza y Teódulo González contactaron a militantes de los estados, les enviaron dinero y les pidieron que lo depositaran en el banco, como si fueran las ganancias por la venta de boletos.

Después seleccionaron a los supuestos ganadores, entre ellos la esposa de Cázares, les entregaron el dinero y les pidieron que lo depositaran en una cuenta. El 97% de los “ganadores” lo regresaron al PRI.

Ni un solo culpable

En  marzo de 2003, el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) sólo pudo comprobar el manejo de 500 mdp, y multó al PRI con mil millones de pesos por usar recursos no reportados y donativos por encima de lo permitido.

Para el pago, al partido tricolor  se le descontó el gasto ordinario del 2003 y a partir de enero del 2004 se le redujo a 50%. Así, el PRI terminó el pago en enero del 2006, dos años y medio más tarde de aplicada la sanción económica. Después de cinco años, el caso Pemexgate se cerró sin un solo culpable.