La polémica y fallida ‘Operación Limpieza’


Este diario dio a conocer en exclusiva la investigación de la PGR, en 2008; al final, nadie quedó en la cárcel

Isis García Martínez

Desde hace tiempo la corrupción invadió las altas esferas policiacas, pero pocas veces se conoce cuáles y quiénes son los responsables involucrados.  El 27 de octubre de 2008, EL UNIVERSAL dio a conocer de manera exclusiva lo que se conoció mediáticamente como “Operación Limpieza”, la cual dejó al descubierto una red de funcionarios corruptos de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (SIEDO) e Interpol-México, que trabajaban para el cártel de los hermanos Arturo y Alfredo Beltrán Leyva.

La investigación trascendió la corrupción en la SIEDO y exhibió el mismo problema en la milicia, e incluso, la vulnerabilidad de los filtros laborales estadounidenses. Sin embargo, siete años después, los funcionarios declarados culpables en ese momento fueron exonerados y sólo se mantienen activas dos órdenes de aprehensión contra los familiares de Miguel Colorado, ex jefe de la SIEDO y el único involucrado para quien Estados Unidos pidió la extradición, aun cuando él fue absuelto de los cargos.

Para desarrollar la operación se incorporó un programa de testigos protegidos, hubo once informantes, entre ellos, el teniente Carlos Milton Cilia Pérez, el teniente Roberto García García y el capitán Fernando Rivera Hernández, éste último preso en Hermosillo, Sonora, tras revocarle el Ministerio Público ser testigo.

Narco compró jefes de la SIEDO

De acuerdo con los registros, la corrupción en la Subprocuraduría comenzó en 2004. Apenas un año después de su creación en 2003. Lo mismo ocurrió con la institución que le antecedió, la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, creada en 1996. En 1997, detuvieron  al general Jesús Gutiérrez Rebolledo, titular de la INCD, por brindar protección al narco Amado Carrillo Fuentes.

El 1 de agosto del 2008, este diario informó que la PGR inició, por instrucción presidencial, una reestructuración en la estrategia de lucha contra el crimen organizado. Dos meses después, el  27 de octubre, Eduardo Medina Mora, entonces procurador general de la República, reconoció para la edición matutina de EL UNIVERSAL la separación de 25 agentes del Ministerio Público Federal y al menos una decena de funcionarios de apoyo, como resultado de la “Operación Limpieza”.

Recibían dinero a calles de la subprocuraduría

Los funcionarios señalados como artífices de la corrupción en ese momento fueron Fernando Rivera Hernández, director general adjunto de inteligencia; Miguel Colorado González, excoordinador general técnico; José Antonio Cueto López, ex miembro de la PGR; José Antonio Mejía Robles, agente de la AFI y Francisco Javier Jiménez Sánchez, Agente Federal.

La investigación llevó a la encarcelación de varios funcionarios de la dependencia, por lo menos 35 agentes del MP, fiscales y personal de apoyo fueron separados del cargo.

De septiembre de 2007 a marzo de 2008, los funcionarios se beneficiaron de  ‘La maleta’, la nómina destinada para la SIEDO. Los saldos de los funcionarios iban de sumas de 150 mil a 450 mil pesos y las entregas de dinero ocurrían incluso a unas calles de la SIEDO, en cantinas o estacionamientos.

Además de sus salarios mensuales, los funcionarios podían obtener comisiones por información adicional.  El 21 de enero, día de la captura de Alfredo Beltrán ‘El Mochomo’, los funcionarios pidieron entre 5 y 10 millones de dólares por el croquis del penal donde estaba detenido. Los informantes preguntaron cuántos guardias resguardaban el edificio, la hora idónea y el punto más débil de la zona para que los sicarios pudieran llevar a cabo el rescate,  el cual no se logró porque Édgar Valdez Villarreal, alias ‘La Barbie’ no dio el informe a los altos mandos criminales.